La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Andrés Ernesto Díaz Hernández, exdirector de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por presuntas irregularidades en la entrega de alimentos a la población privada de la libertad.
El proceso también involucra a Jairo Humberto Becerra Rojas, representante legal de la Unión Temporal Nutriuspec 2022, y a Marlon Giovany Gómez Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, quien actuó como interventor del contrato cuestionado.
Según el Ministerio Público, se habrían presentado incumplimientos por parte de la firma contratista en el suministro de alimentos en el centro penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad para mujeres de Bogotá.
Adicionalmente, se investigan posibles deficiencias en el servicio de alimentación en estaciones de policía como Terminal, Chapinero, Fontibón, Usaquén, Engativá, Aeropuerto, Barrios Unidos y Teusaquillo, denunciadas por un subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
El ente de control busca esclarecer si Díaz Hernández incumplió con su deber de supervisar y controlar el contrato, cuya ejecución presuntamente puso en riesgo la integridad de las reclusas afectadas por una alimentación ineficiente.
Asimismo, la investigación determinará la responsabilidad de Becerra Rojas, como representante del contratista, y de Gómez Jaramillo, quien desempeñó el rol de interventor, en las posibles fallas que habrían comprometido la calidad del servicio alimenticio.
Fuente: Investigan presuntas irregularidades en la alimentación de reclusas en Bogotá
Las irregularidades evidencian una grave falta de respeto por los derechos de las reclusas. Por lo tanto es crucial garantizar justicia y mejorar la gestión de contratos públicos.
La investigación contra Andrés Díaz Hernández y otros implicados destaca la importancia de la supervisión rigurosa en contratos públicos, especialmente cuando se trata de servicios básicos como la alimentación en cárceles. Cualquier irregularidad en este ámbito no solo vulnera los derechos humanos de las reclusas, sino que también refleja fallos en la gestión pública que deben ser corregidos con firmeza.
No es sorpresa que en muchos países tercermundistas, y sobre todo en las prisiones de estos, se incumplan a diario las normas relacionadas con al suministro de alimentos de los presos o la cantidad de alimentos que les debería tocar, aun así estos actos me parecen injustos y inhumanos. Esta entrada me ha llamado la atención porque nos enseña que los gobiernos y individuos con el poder de actuar contra este tipo de injusticias están intentando constantemente tomar las medidas necesarias contra ellas y llevarlas a un fin.